Dicen que una buena defensa es el mejor ataque. Esa parece ser la estrategia desplegada por el abogado del ex jefe de Policía Hugo Sánchez, quien aseguró que el fiscal Diego López Ávila que lo acusó por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, no fue objetivo en su investigación y que no debió haber intervenido, ya que es pariente del ex ministro de Seguridad Ciudadana Mario López Herrera.

El abogado Enrique Andrada Barone afirmó que López Ávila es primo hermano de López Herrera, y que este era la persona que tenía la responsabilidad de los ascensos de los comisarios Enrique García (condenado por el encubrimiento del crimen) y Héctor Brito (imputado al igual que Sánchez). “Lo sorprendente es que el fiscal corta toda la investigación en relación al ministro”, afirmó el abogado.

Andrada Barone aseguró que se enteraron de esta situación hace poco, y que en la contestación del requerimiento de elevación a juicio, además de pedir el sobreseimiento del ex jefe de Policía y la nulidad de lo actuado, solicitó el apartamiento de López Ávila. El letrado también aseguró que una hermana del fiscal trabajaba en una dependencia del Ejecutivo.

A pesar de lo “novedoso” de la noticia, en realidad la situación se encuentra descripta en el expediente del caso Lebbos a mediados de 2013, cuando la causa pasó de la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación que dirigía Carlos Albaca (hoy jubilado), a la Fiscalía de la IV° Nominación que está a cargo de López Ávila.

En rigor de verdad, López Herrera no es primo hermano del fiscal, como asegura Andrada Barone, sino que es primo segundo del padre de López Ávila, según consta en la causa. La situación había sido informada por el propio funcionario judicial al entonces ministro Fiscal Luis Di Mitri y notificada a los querellantes. Como el grado de parentesco no alcanza las causales de inhibición, Di Mitri mantuvo la causa en la fiscalía IV.

Al margen de esta cuestión, Andrada Barone aseguró que Sánchez no dio ninguna orden para encubrir el crimen de Paulina, o para ocultar que al cadáver lo habían hallado dos baqueanos, como dice en la imputación que le realizó López Ávila.

“Sánchez es uno de los últimos que llega a la escena del hecho, a escasos 15 minutos de que llegue el fiscal (Alejandro Noguera). Ya estaba la versión extendida de que el hallazgo lo había hecho la fuerza policial. O sea que era imposible que mi cliente cambie la versión de los hechos”, describió el abogado.

“El jefe de Policía nunca desarrolla funciones de Policía Judicial, sino que es un nexo político entre la fuerza y el Poder Ejecutivo. No existe en toda la causa ni una sola prueba testimonial ni instrumental ni indicos de prueba o presunción de que mi defendido haya dado una orden contraria a la ley. La orden que se limitó a dar, son las que emanaron del fiscal Noguera”, manifestó Andrada Barone.

“Sánchez no debió ni siquiera ser imputado en la causa. Tuvo una entrevista previa con el fiscal en su despacho y allí se puso a su entera disposición. El fiscal le solicitó que colaborara para el total esclarecimiento del hecho y le dijo que sería llamado a testificar, pero sorpresivamente lo llama como imputado”, expresó el letrado.

Andrada Barone sostuvo que López Ávila estuvo condicionado por el hecho de que antes hayan apartado a dos fiscales, que la causa se convirtió en mediática y política y que la hipótesis de los “hijos del poder” se había caído.